Tomás Uribe participó en la asignación de una notaria en la ciudad de Tunja, capital del departamento de Boyacá, a favor de un recomendado suyo.

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* Inquietud porque en informe de la Contraloría Distrital al Concejo no aparecen temas centrales para la ciudad y que preocupan a la ciudadanía.

Haciendo uso del recurso legal de las contralorías, como es el control de advertencia, podría anticiparse la ocurrencia de actos de corrupción en la administración pública y no esperar a que los hechos cumplidos terminen en manos de la Fiscalía General de la Nación, pero con el daño ya causado, dijo el concejal Jaime Caicedo Turriago al referirse al informe presentado por el contralor distrital.

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"El CDP (Certificado de Disponibilidad Presupuestal) no ha salido porque todavía no se ha 'negociado' ", dijo la jefe de contratación de una administración departamental. Como se sabe, el CDP es la condición previa para elaborar las minutas de contratos con los que se ejecutan los recursos públicos. Y el negociado es el proceso mediante el cual un funcionario acuerda una contribución "voluntaria" de un contratista a cambio de asegurar la ejecución del contrato. La proporción varía según el monto del contrato y el ejecutor. Por supuesto, los nombres y lugares (aunque se han mantenido en reserva porque están en curso de investigación), en realidad no importan, porque se repiten de departamento en departamento, y se reproducen en todos los niveles de la administración pública.

El caso bien podría estar ocurriendo en el sector salud, en educación o infraestructura. El entramado es perfecto. La jefe de contratos es familiar de un congresista, que no se presentó a las legislativas de marzo del 2010 porque "aspira a la gobernación" y para lograrlo necesita las "contribuciones voluntarias" que financien su campaña electoral. Eso fue lo que pactó con el actual gobernador, quien, a cambio de apoyo en las pasadas elecciones, le entregó al congresista el control de la secretaría, para que allí nombrara a alguien de su confianza. "Hable con el honorable congresista, quien es quien maneja el sector. Todos los contratos los aprueba él", dice resignado el gobernador, quien seguramente llegó a ese cargo gracias a un acuerdo similar.

Lo grave es que esta cadena de favores no sólo se nutre de los bienes más esenciales que requiere la población, sino que en todos los niveles se conoce y reproduce el juego. Para llegar a la Presidencia se necesita de esos "líderes" regionales y locales. La base de su poder está en el congresista, que actúa como eficiente intermediario entre los recursos nacionales y las necesidades locales. Conocen en detalle la ley y detrás de cada inciso que negocian van fortaleciendo una porción de poder territorial. Ya en los territorios saben cómo "movilizar" los recursos que les llegan. Por esa vía lo controlan todo y obtienen el mayor provecho. Sin ellos, no es posible ganar las elecciones. Y tampoco asegurar la gobernabilidad del sistema. Es decir que, si se quiere gobernar, hay que contar con ellos.

A su lado, en un silencio complaciente, está un empresariado que también aprendió el juego. Que está dispuesto a hacer su "contribución voluntaria", sabiendo que la puede recuperar, bien por la vía de aumentar los costos, o bien modificando posteriormente las condiciones del contrato.

Es un retrato de ese frágil sistema gubernamental colombiano que, para sostenerse, ha tenido que organizarse en torno a ese complejo sistema de favores. Un sistema que no sólo ha convertido las instituciones en instrumentos al servicio de unos intereses particulares, sino que también se alimenta de la precariedad de los mecanismos de organización y participación política. Saben que cuanto más frágiles sean las instituciones de gobierno, más estarán sometidas a los dictados de intereses personales. Y entienden que mientras más frágiles sean los partidos políticos, más fácil será "canalizar" las demandas ciudadanas.

Pero la dicha no es eterna. Ese sistema de favores ha comenzado a mostrar sus fisuras. Un empate técnico en las encuestas puso a la clase política ante la amenaza de perder el poder y la obligó a emplearse a fondo para no desaparecer.

Más de 3 millones de ciudadanos apoyaron una propuesta de legalidad democrática e institucionalización política, liderada por Mockus y Fajardo, basada en el respeto a la ley y el fortalecimiento de los partidos políticos. Más de 3 millones han obligado a la clase política clientelista a tener que unirse para sobrevivir. Porque la unidad nacional que ahora invocan liberales y conservadores, organizados bajos nuevas denominaciones, ya no es una muestra de su fortaleza. Es una muestra de su debilidad. Una debilidad que debemos volver a hacerles sentir con el voto del próximo domingo por el candidato del Partido Verde

Pedro Medellín Torres, El Tiempo