La Asociación MINGA hace un llamado urgente al Estado colombiano para que proteja la vida, integridad física, libertad y sosiego de 96 niños, adolescentes y jóvenes, entre ellos 31 mujeres y 65 hombres, amenazados por sus nombres y/o sobrenombres en dos listas “negras” que han circulado por internet desde la semana pasada en Puerto Asís, Putumayo, atribuidas a grupos paramilitares, en las cuales se exhorta, bajo amenaza de muerte, a estas personas a desplazarse del pueblo. Se calcula que estas amenazas han causado hasta el momento el desplazamiento forzoso de por lo menos de 42 adolescentes y jóvenes entre los 16 a 19 años y sus familias.

Leer más en: Asociación MINGA, publicado en Colectivo de Abogados

NotiColombia Press

Vea aquí el primer video del debate en el Congreso sobre la tenencia de la tierra en Colombia y sus vínculos con la narco-para-política uribista.

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Denuncian que entidades gubernamentales responsables de redistribuir las tierras, "o no han cumplido su tarea, o se han aliado con mafias en contra de las víctimas".

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El Alto Tribunal condenó al ex congresista antioqueño Humberto de Jesús Builes a 90 meses de prisión y al pago de 6500 salarios mínimos por sus nexos con grupos paramilitares en la región de Urabá.

Managua. DPA. | 11 agosto de 2010 Los carteles mexicanos de la droga ya controlan prácticamente todo el tráfico de cocaína entre Sudamérica y Estados Unidos, afirmó este miércoles el jefe de la Fuerza Naval de Nicaragua, capitán de navío Róger González. El alto oficial reveló que en lo que va del año la Fuerza Naval ha...

Leer más en: Radio La Primerísima

Renán Vega Cantor, Rebelión

NotiColombia Press

Cuando nadie hablaba de ella, ya nosotros estábamos denunciando a ”Los Innombrables”. Eran no sólo el círculo cercano a la Casa de Nariño, que después convirtieron en ”Casa de Nari”, sino practicamente toda la clase política la que estaba -y está?- comprometida en el proyecto narco-paramilitar.

Verdad Abierta nos trae un artículo que titula ”La para-política” que resume muy bien la situación. Es necesario aclarar que en Colombia el Parlamento o Congreso está conformado por el Senado (Cámara alta) y por la Cámara de Representantes (Cámara baja), y en ellas ocupan curul 102 senadores y 169 representantes a la Cámara. Queremos compartirlo con nuestros lectores en su aparte esencial:

”La ‘parapolítica’ en el Congreso

En una primera fase, cuando investigaciones académicas y periodísticas destaparon el destape del escándalo, se iniciaron las versiones libres de los desmovilizados ante la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía y se descubrieron pruebas documentales contundentes contra varios congresistas que en la mayoría de casos terminaron aceptando cargos y acogiéndose a sentencia anticipada. En esta fase, la justicia condenó a congresistas como Miguel de la Espriella, Juan Manuel López Cabrales, Rocío Arias, Eleonora Pineda, Mauricio Pimiento, Luis Eduardo Vives, Dieb Maloof, entre otros.

Una segunda fase cubre los procesos que arrancaron entre 2007 y 2008 y sobre los cuales la justicia se pronunció en el último año. En septiembre de 2009, la Corte Suprema decidió retomar en ese momento 30 casos de ex congresistas que habían pasado a la justicia ordinaria puesto que habían renunciado a su curul. Al revisar el caso del ex senador Álvaro Araujo, la Corte decidió “conservar o recuperar”, según el caso, los procesos de congresistas investigados por sus nexos con grupos paramilitares.

Aquí se destacan casos como el de los ex congresistas Álvaro Araújo, Álvaro ‘El gordo’ García, Dixon Tapasco, Vicente Blel y Jorge Castro Pacheco, así como el de los ex gobernadores Hernando Molina Araújo y Salvador Arana.

La última fase, en curso, incluye procesos todavía en etapa de juicio como el de los ex congresistas Miguel Ángel Rangel, Carlos García, Humberto Builes y Juan Carlos Martínez, así como otros de gran magnitud probatoria como el de Jorge Noguera, ex director del DAS, Guillermo Valencia Cossio, ex director regional de Fiscalías de Medellín y Mario Uribe, primo del presidente Álvaro Uribe.

Para el caso del Legislativo, existe una lista de 91 procesos adelantados contra ex congresistas elegidos para el periodo 2006-2010 (78%) y otra de 24 procesos contra ex congresistas elegidos para periodos legislativos anteriores.

De los casos del periodo 2006-2010, 8 han sido absueltos, 7 han desembocado en auto inhibitorio, 18 han sido condenados, 15 están en etapa de instrucción, 25 están en investigación previa, 15 están en etapa de juicio, uno fue precluido y dos han sido archivados. Para periodos anteriores, dos casos han sido absueltos, 11 están en etapa de instrucción, 5 han sido condenados, dos en investigación previa, tres procesos han sido archivados y uno más ha sido precluido.

En cuanto la distribución, 60 casos corresponden a representantes a la Cámara y 56 a senadores de la República.  A nivel de partidos políticos, la coalición uribista o partidos en alineación con el uribismo han reportado el mayor número de congresistas procesados por sus vínculos con paramilitares, entre ellos, partidos como Convergencia Ciudadana (8%), Colombia Viva (4%), Colombia Democrática (7%), Alas Equipo Colombia (6%), Apertura Liberal (6%), Partido de la U (18%). Si se incluye como parte de esta coalición al Partido Conservador (15%) y a Cambio Radical (7%) (en el primer gobierno de Uribe), sin contar otros partidos minoritarios, casi el 80% de partidos con miembros procesados por ‘parapolítica’, han pertenecido a la coalición uribista.

En el nivel regional, el departamento con más congresistas investigados ha sido Antioquia (9), seguido por Magdalena, Sucre y Tolima (8),  Caldas y Córdoba (7), Santander (6), Bolívar y Cesar (5) y Atlántico y Norte de Santander (4).

La narco-para-política a nivel regional

Según el último informe de Corporación Nuevo Arco Iris (CNAI), a julio de 2010, existen procesos por vínculos con el paramilitarismo contra 3 gobernadores, 5 alcaldes y 6 concejales elegidos para el periodo 2007- 2011, y contra 16 ex gobernadores, 38 ex alcaldes, 12 ex diputados, y 21 ex concejales elegidos para periodos anteriores. En total son 101 figuras políticas regionales procesadas.

La Corporación además expone una lista de 91 congresistas procesados elegidos para el periodo 2006-2010, y de 24 elegidos para periodos legislativos anteriores. Tan sólo para el último periodo 2006-2010, el 60% de los casos  sigue pendiente, entre llamados a juicio, investigación previa e instrucción, mientras que el  79% de todos los casos han hecho referencia a miembros de partidos que pertenecen o pertenecieron a la coalición uribista.

En septiembre de 2009, la Corte Suprema de Justicia cambió su jurisprudencia y reasumió la competencia para juzgar a los congresistas, quienes habían renunciado a sus curules y sus casos habían pasado a manos de la justicia ordinaria. Con esto, a julio de 2010, la Corte presentó una lista de 109 casos en contra de congresistas y ex congresistas (37 en averiguación) que están siendo procesados actualmente por esa entidad por sus presuntos vínculos con grupos paramilitares.”

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Es una realidad que causa terror. Los encargados de legislar, de hacer las leyes, en alianzas con grupos de la mafia narcotraficante y paramilitar. Igual situación han vivido los militares y algunos empresarios. Como si fuera poco el narco-para-presidente Uribhitler es el director de orquesta de toda la corrupción que domina las instituciones colombianas. Es la mafia de la Casa de Nari. Qué horror!

/alp

Una nueva sección de NIZKOR, la cual recomendamos a todos nuestros lectores. Accese y verá la más completa compilación de artículos sobre el fenómeno.

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La Corte Suprema acusó a Mario Uribe por concierto para delinquir por sus relaciones con los paramilitares. Recientemente Álvaro Uribe propuso que se cambiara el alcance de este delito.

La Corte Suprema condenó a Álvaro Araújo por parapolítica. En la decisión, el tribunal pidió que lo investigaran por el nexo que Araújo pudo tener con otros delitos de los paramilitares.

Hoy continúa la audiencia de juzgamiento de Mario Uribe Escobar, primo hermano del presidente Álvaro Uribe Vélez y su aliado político. El juicio de Uribe Escobar se reanuda después de que la Corte Suprema de Justicia, en decisiones recientes, comenzara a abrirle camino a una tesis que tiene en vilo a todos los acusados por parapolítica: que terminen respondiendo por los delitos que cometieron los paramilitares que los apoyaron. Incluso los de lesa humanidad.

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GINEBRA, 2 Jun 2010 (AFP)

La Relatora Especial de la ONU para la independencia de jueces y abogados, Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva, dio por probados los vínculos entre paramilitares y políticos en Colombia, en un informe al Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre una misión en ese país, presentado este miércoles en Ginebra.

"Durante los últimos años han aparecido nuevos actores armados ilegales. En este marco se establecieron vínculos entre dirigentes de grupos paramilitares y políticos, incluidos miembros del Congreso", afirmó la Relatora, que visitó Colombia en diciembre pasado, la primera vez durante los dos periodos de gobierno presididos por Álvaro Uribe.

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Por Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.

Tomado de Maureén Maya - Facebook

Desde 1996 el Estado colombiano conoce denuncias de las comunidades del Curbaradó y Jiguamiandó y de organizaciones de Derechos humanos en las que se le manifiesta que fueron víctimas de desplazamiento forzado mediante asesinatos, desapariciones y torturas y las tierras ocupadas en la siembra de palma aceitera por empresas implicadas con grupos paramilitares que están perfectamente identificadas.

El presidente Álvaro Uribe renombra estos territorios colectivos con la genérica denominación “Urabá” ó “Sur de Urabá”. La forma de nombrar por si es excluyente y hace alusión a esa visión “paisa”, que pretende negar la existencia del Chocó, del bajo Atrato o en que ella está incluida en Antioquia. Es la superposición territorial verbalizada de la colonización. Negar la existencia de un territorio, el bajo Atrato o suponer su existencia al hablar de lo que lo limita el “Sur de Urabá”.

Pera tal verbalización cumple otro papel ocultar la comisión de crímenes de lesa humanidad, obviar la criminalidad estatal en los territorios colectivos, que es conocida nacional e internacionalmente y asegurar así las inversiones, la “confianza inversionista” de la que habla Uribe.

El caso ilustra de buena manera la aplicación concreta de la política de un gobierno, que sin mirar los medios para lograr sus fines usa del discurso, como de la violencia y de la impunidad, para ocultar o para justificar la inversión empresarial o con el lenguaje de lo “verde” o del empleo, encubre la criminalidad para el agronegocio y los agrocombustibles.

En el 2004, Uribe, por ejemplo, motivó la siembra de palma en la región del bajo Atrato, a pesar que una comisión dirigida por en Incoder, constató que el 93% de la palma estaba sembrada ilegalmente en territorios colectivos de los afrodescendieners del Curbaradó, y el consentimiento de estos que fueron desarraigados en 1996, en 1997, en 1999 y en una operación de tierra arrasada en el 2000.

En el “Consultorio Empresarial” convocado por la Cámara de Comercio de Medellín pidió informe por sobre de los avance de los cultivos en la zona:

“El informe nuestro es que en el sur de Urabá están sembrando cinco mil hectáreas de palma aceitera. ¿Cuántas van ya? Van a ajustar 10 mil en dos años. ¿Cuántas han sembrado ya? 3.500. En regiones como Urabá, el bajo Cuaca, el Magdalena Medio, esto es de gran importancia. El año pasado se sembraron 22 mil en el país. Este año aspiramos que se siembren 30 mil y el 20 de julio vamos a ingresar una nueva exención tributaria al Congreso para que quede exento el biodiesel, que se puede producir a partir del aceite de palma , a fin de darle vía libre a que el país no tenga demoras en sembrar 600, 700 mil hectáreas de palma africana. El Gobierno encontró 170 mil”. [1]

En la inauguración, en octubre de ese año, de una hidroeléctrica en Frontino Antioquia, motivó a los empresarios del banano a continuar con la expansión de la palma, sin nombrar al bajo Atrato, pero refiriéndose a él, pues no existe otro lugar en el nor occidente de Colombia en donde se desarrolle tal agroindustria. Uribe expresó “Por ejemplo, el sector privado, necesita en Urabá, para los cultivos de banano y para otros cultivos que empiezan a ser muy prósperos en la región como Palma africana, generalizar el riego por goteo. El Gobierno Nacional le va a prestar al sector privado bananero un dinero importante para su sistema de riego. Ese puede ser un gran socio”. [2]

Y ese mismo mes, a pesar del conocimiento del recrudecimiento de la estrategia paramilitar en el Jiguamiandó y del control absoluto de tipo paramilitar en Curbaradó manifestó claramente, a empresarios de Medellín, que Urabá se empezaba a beneficiar con la política de promoción de palma aceitera de su gobierno.

Simultáneamente, se realizaba una segunda comisión de verificación dirigida por el Incoder, que constataría la información ya recogida sobre la apropiación de esos territorios por parte de empresarios para el desarrollo del agronegocio, del uso de mecanismo fraudulentos y de la violencia ejercida con estos propósitos. En ese momento, ya el Washington Post se refirió al tema en un extenso artículo y gracias a la resistencia de la gente que iba regresando en las constituidas Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad, y conocida la situación por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y una peregrinación internacional, se iba desenredando la tramoya palmera.

A pesar de tanta evidencia, el primer mandatario manifestó:

“Urabá se empieza a beneficiar de nuestra política de la promoción de la palma africana, que tiene un gran futuro para producir combustibles biológicos”. [3]

Un discurso verde, ambiental ocultaba la criminalidad.

En Mayo de 2006, el presidente de la República anunciaba con entusiasmo a los empresarios de Antioquia que la palma del “Sur de Urabá” ya estaba a punto de cosecha para la extracción de aceite y le propuso su uso en el Atrato. Para esta fecha, ya se conocía el informe del Incoder que reconocía la siembra de palma en territorios colectivos (15 de marzo de 2005); la Directiva 008 del Procurador General de la Nación que pedía al gobierno resolver la problemática de tierras en el Curbaradó (21 de abril de 2005); la resolución 039 de la Defensoría del Pueblo que solicitaba que se detuvieran todas las actividades relacionadas con el agronegocio en el Curbaradó y Jiguamiandó (junio de 2005). No obstante el presidente instó a los empresarios:

“Yo le voy a hacer una sugerencia para que la discutan en este simposio. El sur de Urabá está próximo a iniciar la producción de aceite de palma. Yo creo que ese podría ser el combustible para utilizarlo no en mezcla sino en un ciento por ciento en plantas de los municipios ribereños del Atrato”. [4]

En adelante y hasta el 2007 el presidente Álvaro Uribe continuó asumiendo la problemática la situación de los cultivos de palma con el monocultivo con el genérico “sur de Urabá”.

En coherencia con su discurso estratégico, engaño, plantea que tienen la disposición de impulsar una solución a la problemática generada por “paramilitares y guerrillas”, es decir, volviendo a la tesis de dos demonios, ocultando así la responsabilidad en la construcción del paramilitarismos y en el despojo violento para la siembra de palma y sin hacer alusión a que los palmeros de la zona son beneficiarios de créditos e incentivos de Finagro y que cuentan con la protección permanente de paramilitares y militares de la Brigada 17 del ejército, y ahora de la brigada 15.

En septiembre de 2006 en un consejo de seguridad en Carepa, Antioquia, en presencia de varios ministros de su despacho, empresarios y autoridades locales Uribe Vélez manifestó, como lo reseñó el Ministerio de Defensa:

“Finalmente, en lo referente al tema de cultivos de palma africana que hay en el sur de la región, el Jefe de Estado expresó que allí se necesita una clarificación de títulos, la cual se espera adelantar en las próximas semanas, para después concretar un acuerdo ‘de muy buena fe entre empresarios y las comunidades afrodescendientes, para llegar a una exploración racional de la palma africana en esa zona, que le ayude a todo el mundo a generar ingresos, aplicar tecnología, a generar empleo, eso necesita un gran proceso de concertación y los vamos a impulsar ´”. [5]

Independientemente de la voluntad de las comunidades afectadas por el agronegocio, el presidente persiste en mantener la palma aceitera. Se anuncia la concertación pero la permanencia de la palma aceitera, no está en discusión. En esa dirección se pronuncia en la Casa de Nariño, un año después, en la conmemoración del día de la afrocolombianidad:

“Encontramos un problema grave con tierras de consejos comunitarios negros al sur de Urabá, lo estamos superando, allí hubo de todo, presiones de la Farc, robos de la Farc, presiones de los paramilitares, robo de los paramilitares. Estamos devolviendo toda esa tierra a sus dueños, los consejos comunitarios negros y estamos impulsando unas alianzas estratégicas entre ellos e inversionistas para poder continuar el desarrollo de palma africana pero, sin el despojo al consejo comunitario” [6]

Las Alianzas Estratégicas, ya implementadas ilegalmente por los empresarios de la palma de esta zona del país desde el 2001 con constitución de asociaciones campesinas, falsificación de documentos públicos, para intentar legalizar la ocupación violenta de esas tierras, es dejada de lado por Uribe.

En diciembre de 2007, hablando, nuevamente a los empresarios en Medellín, les llamó fuertemente la atención por no aprovechar las ventajas de la política de zonas francas para la exención de impuestos e instó a hacer uso de este incentivo para la palma aceitera, obviando la conocida problemática:

“Sobre el tema de los biocombustibles, Uribe dijo que la idea es expandir la zona productora de palma africana en el sur de Urabá, ante la gran posibilidad que tiene la región para el desarrollo de proyectos de biodiesel” [7]

Nos encontramos entonces, en este caso, con la implementación de una política pública en materia de palma aceitera y biodiesel, impulsada directamente por el presidente de la República, que a pesar de la existencia de informes de una entidad del propio gobierno y de dos del Ministerio público, en la que se establece la ocupación violenta e ilegal de territorios colectivos por parte de empresarios de la palma.

Para Uribe condiciones como las de la tenencia ilegal y violenta de las tierras, las violaciones sistemáticas de derechos humanos, no son parte de su política, ni siquiera al reciente acatamiento del auto de la Corte Constitucional que impidió la restitución de la propiedad a las comunidades negras, porque esta se iba a realizan en medio de una polémica legitimación y legalización de los intereses empresariales con un consejo comunitario realizado a la medida de los victimarios.

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz Notas

[1] Palabras del presidente Uribe Durante el Consultorio Empresarial, Cámara de Comercio de Medellín 30 de Abril de 2004. www.presidencia.gov.co/pre

Por Redacción dhColombia

No se necesita ser un experto en derecho para darse cuenta que en Colombia no hay garntías para que denuncias como la que hizo el Mayor (R) Juan Carlos Meneses Quineto, quién ha reconocido crímenes, tengan trámite justo y en derecho en la justicia Colombiana.

El gobierno de Colombia salió a deslegitimar el testimonio. Inicialmente lo hizo el vicepresidente Francisco Santos Calderon afirmó que: "Además, el Vicepresidente cree que hay "demasiadas coincidencias" para afectar el proceso electoral". ¿Señor vicepresidente, acasó está usted reconociendo que el gobierno está en campaña electoral?

En el mismo sentido salió a los medios masivios de información el General Oscar Naranjo, comandante de la Policía Nacional, quien se dedicó a descalificar el testigo y a presentarlo como un narcotraficante y delincuente ‘Los Comba’ habrían ofrecido $500 millones para incriminar al hermano del Presidente, asegura general Naranjo.

Leer más en: dhColombia/Indymedia Colombia

NotiColombia Press

Ya no se puede esconder la base del desplazamiento forzado. Es el Terrorismo de Estado de la Doctrina de Seguridad Nacional (DSN), que a través de las fuerzas militares-narcoparamilitares del estado los desplaza para apropiarse de sus tierras y poner en práctica sus megaproyectos para producir biocombustibles. Para corroborarlo leamos este artículo de El Tiempo:

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Es el caso de las comunidades de Jiguamiangó y Curvaradó, donde los 'paras' desplazaron a miles de familias negras y donde se instalaron megaproyectos de palma. Se libraron 24 órdenes de capura.

El más duro cuestionamiento realizado por la justicia colombiana contra el proyecto palmicultor en Urabá se produjo ayer, por cuenta de los desplazamientos forzados por los paramilitares entre Antioquia y Chocó hace 13 años.

Ayer, un fiscal de la Unidad de Derechos Humanos ordenó la captura de 22 directivos, dueños y empleados de nueve empresas palmicultoras que, según el expediente, fueron fachada de los planes ilegales de Vicente y Carlos Castaño, máximos jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia.

Las firmas Urapalma, Palmas del Curvaradó, Selva Húmeda, Palmura, Inversiones Fregny Ochoa, Palmas de Bajirá, Palmadó, Palmas S.A. y Agropalma están en el centro de una investigación por los delitos de desplazamiento forzado, concierto para delinquir e invasión de áreas de especial importancia ecológica que podrían representarles penas de más de 20 años de cárcel a varios de sus ejecutivos.

Ellos, según la justicia, se prestaron para darle apariencia legal a un macroproyecto económico que se gestó con el desplazamiento de miles de familias negras de la zona de Curvaradó y Jiguamiandó. Ese desplazamiento le ha costado a Colombia duros reproches de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En la decisión, conocida por EL TIEMPO, la Fiscalía asegura que "en su afán de explotar económicamente los terrenos de propiedad colectiva (...) las empresas fueron verdaderas fachadas que escondían el pacto o la alianza celebrados entre autodefensas y empresarios, que no era otro que delinquir repetida y permanentemente en el Bajo Atrato chocoano".

Según el documento, esas firmas "trazaron múltiples estrategias jurídicas para 'legalizar' la adquisición y posesión de tierras, a lo cual combinaron una febril ofensiva paramilitar que resultó muy útil a la hora de contrarrestar la reticencia de los vendedores, así como la enjundia de los opositores a la expansión de los cultivos de palma".

El CTI buscaba anoche a Gabriel Jaime Sierra Moreno, representante de Palmas de Curvaradó; Raúl Alberto Penagos González y José Miguel Ruiz Cossio, socios de Selva Húmeda; Antonio Nel Zúñiga Caballero, ejecutivo de Palmura; Javier José Daza Pretel y Katia Patricia Sánchez, de Urapalma; Claudio Adolfo Fregney Ochoa y Guillermo Ochoa Pino, de Inversiones Fregny Ochoa y Palmas de Bajirá; Héctor Duque Echeverry, de Palmadó; Iván Patiño Patiño, de Palmas S.A.

La misma medida cobija a Juan José Palacios Palacios, Jorge Luis Santo Ortega, Danilo José Pacheco de la Hoz, Javier Morales Estrada, Mario León Villa Pacheco, Carlos Daniel Merlano Rodríguez, Remberto Manuel Álvarez Vertel, Mario Alberto Vélez Giraldo, Jiuvanni Suescún López, Luis Alberto Flórez Pérez, José Miguel Ruiz Cossio, Manuel Gregorio Denis Blandón y Sor Enid Ospina Rendón.

Los 'paras' Jesús Ignacio Roldán ('Monoleche') y Hermes José Muñoz también fueron asegurados por el caso.

'Monoleche' reconoció que en 1997 Vicente Castaño y 80 'paras' estuvieron mirando la zona y aseguró que supuestamente llegó a comprar tierras. También afirmó que el mayor de los Castaño, hoy desaparecido, fue el "fundador" de Urapalma.

Otro jefe 'para', el extraditado 'HH', afirmó que "todo el mundo en Urabá sabía que la palma era un proyecto de las autodefensas y de Vicente Castaño".

La Fiscalía también cuestiona cómo los palmeros accedieron a los créditos y a los permisos para desarrollar su actividad en una zona protegida: "Contra todo pronóstico, el proverbial rigor bancario que un estudio de crédito le implica a cualquier empresa o ciudadano desprevenido, tuvo una insólita e insospechada excepción en el caso de los empresarios de la palma".

Por eso a investiga a los funcionarios del Banco Agrario que les dieron vía libre a esos proyectos, a los notarios que legalizaron las ventas ficticias de tierras y a representantes de Incoder, Finagro y las corporaciones regionales que dieron permisos.

Desde 2007 se ordenó desalojo

Una decisión del Tribunal Superior de Chocó ordenó el 9 de diciembre pasado la restitución inmediata de las más de 100 mil hectáreas que conforman los territorios colecti- vos de las comunidades negras de Jiguamiandó y Curvaradó.

Tras reiteradas denuncias, el Incoder verificó desde el 2007 los títulos y decidió que buena parte de estas tierras terminaron en manos de empresas y particulares a través de ventas y contratos de arrendamientos irregulares.

Varias de estas empresas eran investigadas desde entonces por nexos con el bloque Élmer Cárdenas.

Después del fallo, que también ordenaba el desalojo inmediato de las empresas ocupantes, fueron asesinados tres líderes representantes de las comunida- des en la zona. Según Fedepalma, que reúne a gran parte de los pal- micultores de la región, actual- mente quedan mil hectáreas cul- tivadas, de 5 mil que llegó a tener la zona.

REDACCIÓN JUSTICIA

“(…)Lo echaron vivo ahí(…) El horno lo manejaba un señor que le decían ‘funeraria’, creo que se llama Ricardo; dos señores le hacían mantenimiento a las parrillas y a las chimeneas, porque se tapaban con grasa humana”.

Leer más en: ABP

La orden impartida a finales de la década del noventa por los comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) de desaparecer a sus enemigos “de cualquier manera”, para no dejar rastros y evitar que las cifras de homicidios crecieran de manera desproporcionada en las zonas urbanas, tuvo en Medellín y el área metropolitana una de las expresiones más crueles de la guerra paramilitar: la utilización de hornos crematorios.

Leer más en: Verdad Abierta/Pacocol

NotiColombia Press

Otro más que va "al pote" por cuenta de la narco-para-política uribista. Hernando Molina, hijo de Consuelo Araújo, se alió con "Jorge 40" en la alianza de clase de la clase política con el narco-paramiltiarismo.

El exgobernador del Cesar será también investigado por los delitos de Lesa Humanidad cometidos por la banda de "Jorge 40" contra humildes hombres y mujeres de Valedupar y la Costa Norte.

Según cifras recopiladas por los analistas de NotiColombia Press el Bloque Norte comandado por "Jorge 40" es responsable de por lo menos 3.642 desapariciones forzadas (total de 29.484) y de 333 masacres; además de otras violaciones de derechos humanos como ejecuciones extrajudiciales; y desplazamiento.

Por Jorge V. Jaime
Bogotá, 5 may (PL) El fenómeno de la parapolítica salió a la luz hace cuatro años en Colombia, pero aún hoy se siguen escuchando los cornetazos de un escándalo que ha provocado muchas bajas en sectores parlamentarios.

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Prensa - Colectivo

La Parte Civil, Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” continuará mañana jueves 29 de abril a partir de las 8:30 de la mañana, con el interrogatorio a Salvatore Mancuso, en el juicio que se adelanta contra el ex director del DAS, Jorge Noguera Cotes, ,ante la Corte Suprema de Justicia.

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