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El desplazamiento es una violación de derechos humanos de campesinos e indígenas que arroja unas cifras aterradoras. Desde 1964 se han producido más de 5 millones de desplazados, personas que pierden sus familias y sus tierras, ganado, enseres, y entraban y entran a engrosar los cinturones de miseria de las ciudades colombianas.

Durante el régimen de Uribhitler se produjo casi el 50% del acumulado del desplazamiento. La causa son los megaproyectos que adelantan empresarios narco-paramilitares amigos del ex presidente, como por ejemplo el megaproyecto de la palma de aceite para producir biocombustibles.

También es de señalar que durante la aplicación del Plan Colombia (2.000-2010) se desplazaron el 60% de todos los desplazamientos ocurridos en la historia de Colombia.

Hoy la Corte Constitucional nos muestra la cara aterradora de ésta violación de derechos humanos:

”El magistrado de la Corte Constitucional, Luis Ernesto Vargas Silva, aseguró que actualmente 11 de cada 100 colombianos están sufriendo desplazamiento forzado, algunos por causa de la violencia y otros por la ejecución de Macroproyectos que se realizan sin la consulta de la comunidad, especialmente indígena.

De igual manera, sostuvo que en los últimos seis años aumentó la cifra de desplazados de un millón 300 mil a más de cuatro millones, sin que se esté adelantando toda su atención integral.

De otra parte, señaló que el 78 por ciento de las comunidades afrodescendientes inscritas como desplazadas, al igual que el 69 por ciento de la población indígena inscrita, no tienen seguridad alimentaria.

Del total de los desplazados, el 23,7 por ciento pertenecen a grupos étnicos, de los cuales el 6,5 por ciento son indígenas y 16,6 por ciento son afrodescendientes”.

Fuente: Caracol

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Senador Juan Manuel Galán P.

Es muy positivo que el país esté abordando, finalmente, la problemática de la tierra, especialmente desde la óptica de  la restitución a quienes fueron víctimas del despojo por parte de grupos armados ilegales en complicidad, en algunas ocasiones, de servidores públicos.

Esta visión es un buen punto de partida pues se vincula especialmente con aquella población más vulnerable que ha sufrido la violencia, el desarraigo, la pobreza y la exclusión.

No obstante lo anterior, la priorización de las víctimas del conflicto no puede hacernos perder de vista que el problema de la tierra va más allá del conflicto armado. Como en el Apocalipsis el campo colombiano sufre la desolación causada por los jinetes de la guerra, del hambre y de la enfermedad.

La pobreza rural, la ineficiencia ambiental y económica de la distribución y uso de la tierra, el abandono de los jóvenes de la vida campesina, son componentes fundamentales del problema que requiere atención prioritaria por la sociedad y el Estado.

El último atlas del Instituto Geográfico Agustín Codazzi documenta estas realidades de forma muy completa y objetiva. Se evidencia que la propiedad en Colombia se concentra en el sector urbano. Respecto a la propiedad rural el 0,6% de los propietarios son dueños de 20% de los predios. El 82,4% de los predios son minifundios que ocupan el 15,6% del área rural.

En cuanto al uso de la tierra solo 10 millones de hectáreas tienen vocación ambientalmente sostenible para la ganadería pero se están usando cerca de 38 millones. La pobreza rural ha sido superior a la urbana, para el tercer trimestre de 2005, aquella llegaba al 68% de la población rural.

Se puede pensar que una realidad evidente como ésta, movilizará a los colombianos rápidamente en su solución. Sin embargo, hay por lo menos 4 caballeros del Apocalipsis que tratarán de entorpecerlo y que el país debe identificar y cerrar filas en su contra: 1. los grupos armados ilegales, 2. el narcotráfico, 3. los que acumulan ineficientemente la tierra y 4. aquellos políticos que respaldan o representan a los otros tres.

Fuente: Web Senador Juan Manuel Galán

Dirigentes políticos de varios países de América Latina, entre ellos la senadora colombiana Piedad Córdoba, crearon en Buenos Aires el colectivo Latinoamericanos por la Paz de Colombia para intentar “humanizar el conflicto” en ese país.

El grupo fue conformado durante una reunión celebrada este 29 de agosto en la sede del Partido Comunista de Argentina a la que asistieron Córdoba, líder de la organización Colombianas y Colombianos por la Paz, la ex canciller de Honduras Patricia Rodas y Margarita Zapata, dirigente de la fundación mexicana Emiliano Zapata.

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Organizaciones y pueblos de varias partes del mundo aprovechan el Día Internacional de los Desaparecidos -celebrado hoy (30)- para recordar y luchar por todas las personas que fueron detenidas y no tienen contacto con sus familiares y la sociedad en general. Solamente en Guatemala, según informaciones del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), el número de casos de desaparecidos ya llegó a los 45 mil.

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Varias organizaciones de familiares de víctimas de desaparición forzada entregarán al presidente Juan Manuel Santos, a través del vicepresidente Argelino Garzón y al presidente del Congreso, más de 10 mil firmas que exigen ratificar de manera plena la Convención Internacional de la ONU para la protección de todas las personas contra la desaparición forzada, en el marco de la conmemoración del Día Internacional del Detenido Desparecido.

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NotiColombia Press

La realidad de la desaparición forzada demuestra que es un típico crímen de Estado. Ejecutado por agentes del estado (policías, militares, narco-paramilitares), engloba muchas violaciones de derechos humanos al tiempo: detención arbitraria, tortura, ejecución extrajudicial, desaparición, desaparición de los restos mortales, etc.

Es quizá la más violenta de las violaciones de los derechos humanos y demuestra el profundo irrespeto por el sagrado derecho a la vida.

Existen 9.000 desaparecidos registrados en ASFADDES desde el año 1982, la cifra registrada en los últimos 30 años llega a los 30.000 y la realidad de esta cifra puede ser muy superior.

Según informes de las cifras -incompletas- de desaparición forzada durante las administraciones de César Gaviria, Ernesto Samper y Andrés Pastrana se produjeron 7.607 casos.

Durante el régimen narco-paramilitar de Uribhitler se produjeron 18.713 casos, es decir, 71,10 % más. Y desde el 1o de enerdo de 2007 hasta el 21 octubre de 2008 se registraron 7.763 casos.

Queremos en nombre de los colombianos de bien: Por qué el gobierno de Santos, y su vicepresidente el "Angelino", no se preocupan de desmontar las prácticas de violaciones de derechos humanos adelantadas por las fuerzas militares-narcoparamilitares del estado?

Por qué no desmontan el Terrorismo de Estado, el cual está demostrado siguen aplicando en todo el país?

Por qué no desmontan la Doctrina de Seguridad Nacional, base de ese Terrorismo de Estado?

El rumbo que sigue éste gobierno es igual al de todos los anteriores. Exigencias a la insurgencia armada de realización de hechos (liberación de "secuestrados"), mientras ellos -los funcionarios estatales- hablan de derechos humanos y los violan en la práctica.

La solución política de la paz se construye sobre fuertes bases de respeto real a los derechos humanos, comenzando por el derecho a la vida. Y en ese respeto, el respeto a las víctimas.

La desaparición forzada es un típico crímen de estado. Quién responde por él? Quiénes son sus criminales responsables?